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La violencia sexual fue uno de los delitos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al antiguo secretariado de las Farc el pasado mes de enero, junto con otros crímenes de guerra como las torturas, las desapariciones forzadas y, en general, los tratos crueles a los que fueron sometidas miles de personas durante el secuestro, uno de los delitos de lesa humanidad que investiga este tribunal.
Reconocer que hubo otras violaciones a los derechos humanos en el cautiverio, además de la restricción misma de la libertad, es un gran avance que se trazó la justicia transicional con el fin de restablecer, de la forma más completa posible, los derechos de las víctimas.
Lo primero que hay que entender es que la violencia sexual no es únicamente al acceso carnal violento (violación), sino también los tocamientos indebidos, los acosos, la discriminación por identidad de género, entre otras. Ya las organizaciones feministas han advertido que los cuerpos de las mujeres y de personas de la población LGBT fueron botín de guerra en medio del conflicto y muchas de las víctimas de secuestro narraron en la JEP cómo fueron violadas, abusadas y hasta cómo fueron obligadas a hacer sus necesidades fisiológicas en frente de exguerrilleros.
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Por ejemplo, en el documento de imputación de secuestro de la JEP se incluyó el relato de Íngrid Betancourt, en el que cuenta que la estructura guerrillera que se encargaba de su custodia cometió maltrato de género. “(Íngrid) Fue víctima de tocamientos y gestos obscenos que no eran castigados, sino celebrados por los comandantes”, dice.
También hay otros relatos de víctimas anónimas que aseguran haber sido violadas siendo menores de edad. “Fueron abusadas sexualmente y torturadas en una privación de la libertad que pareció no tener un fin distinto a la violencia sexual”, concluye también el auto judicial sobre otro caso.
A pesar de eso, y de que la JEP imputara la violencia sexual como crimen de guerra a los exintegrantes del Secretariado de las Farc, la plataforma de organizaciones feministas “Cinco Claves” (Sisma Mujer, Colombia Diversa, Women’s Link World Wide, Corporación Humanas y la Red Nacional de Mujeres) se pronunció la semana pasada para argumentar que, aunque celebran esta inclusión, consideran que no se aplicó el enfoque de género pactado en el Acuerdo de Paz.
Uno de los argumentos, según Mariana Ardila, abogada de Women’s Link Worldwide, es que “hay una fuerte contradicción en la JEP, porque en la imputación dicen que la violencia sexual en sí misma es un delito aislado, pero al tiempo dicen que cuando se ve en conjunto toda la forma en la que trataban a los secuestrados, entonces ahí sí concluyen que es un delito de lesa humanidad”.
Es importante entender que el enunciado de la JEP al que se refiere la abogada dice que “las Farc cometieron el crimen de guerra de violencia sexual contra los cautivos. Se trata de hechos especialmente graves, pero en sí mismos aislados, por lo menos a partir de las solicitudes de acreditación de víctimas (…) Es igualmente baja en las otras fuentes a las que accedió la Sala, incluyendo los informes de sociedad civil y de la Fiscalía, así como de las bases de datos consultadas. Aun así, y dada la robusta discusión sobre el subregistro de este tipo de crímenes, y su gravedad, la Sala considera necesario señalar los reportes que ha recibido sobre su ocurrencia”.La JEP, en ese documento, reportó tener registro de 38 casos de violencia sexual durante el secuestro, del total de 1.408 hechos violentos reportados durante el cautiverio. Sin embargo, para la abogada Ardila, aunque se imputó la violencia sexual como delito de lesa humanidad, esa calificación de “aislados” es una ventana jurídica que podría permitir que los ex-Farc evadan su responsabilidad. “El hecho de que diga que fueron aislados en sí mismo le quita su carácter de delito sistemático, y un crimen que no sea sistemático no puede ser de lesa humanidad”.
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Criticaron también el hecho de que la JEP no haya aunado esfuerzos para indagar por más víctimas de este delito, que representa el 0,1 % de los hechos violentos vividos por las más de 21.000 personas que padecieron el secuestro. “Desconocemos qué estimaciones estadísticas y fuentes contrastó para llegar la cifra más allá de los hechos de violencia sexual reportados por las víctimas”.
Este diario habló con la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del Caso 01 de la JEP “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, o secuestro, quien aseguró que esa es una interpretación errada por parte de las organizaciones. “Cuando hablamos de hechos aislados no nos referimos a si el delito fue sistemático o no, sino que se cometieron en diferentes partes del país, por parte de distintas unidades militares y que no hay una consistencia entre esos hechos”.
Según la togada, las organizaciones de mujeres que se pronunciaron no entendieron la decisión judicial y, por el contrario, desconocen la labor histórica que significa imputar y reconocer un delito como la violencia sexual dentro del marco de la investigación por secuestro en Colombia.
A esas críticas se sumó la de la organización Colombia Diversa, quienes en el comunicado mostraron preocupación por la nulidad de casos de personas LGBT que hayan sido violentadas sexualmente durante la guerra.
María Susana Peralta, abogada de esta organización dijo que: “Las personas LGBT sufren violencias relacionadas con la discriminación por su condición de género y en el Auto no tenemos forma de saber cuántas personas trans hubo en el cautiverio, cuántas fueron secuestradas en razón de su género ni cuáles eran las violencias diferenciadas contra esta población”.Ante esta inquietud, la magistrada Lemaitre respondió que ninguna de las organizaciones que entregaron informes para acreditar víctimas en el caso de secuestro manifestó que sus casos hayan estado relacionados con su orientación sexual o identidad de género.
Por lo anterior, las “Cinco Claves” tildaron de “preocupante” el hecho de que no se haya desarrollado más el subcapítulo de violencia sexual en la imputación por secuestro y que no se hayan logrado determinar patrones que permitan avanzar en la investigación de las violencias de género.
Por su parte, la abogada María Camila Correa Flórez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y quien analizó la imputación de la JEP, aseguró que “se logró visibilizar este delito y tratarlo como un crimen autónomo, más no como un maltrato más dentro de la política de secuestro”.
Según ella, en el Auto queda claro que este delito fue una forma para castigar, burlar, humillar y maltratar a las personas secuestradas y, coincide también con la magistrada con que el hecho de mencionar que fueron hechos aislados no tiene nada que ver con la calificación de la sistematicidad del delito.
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A pesar de la validez de estas críticas, la magistrada Julieta Lemaitre aseguró que no es ajena a los temas de género y que, durante su trayectoria profesional, se ha dedicado a visibilizar a las mujeres. De hecho, explicó que una de sus estrategias para aplicar el enfoque de género en la imputación fue darles más voz y espacio a los relatos de las mujeres víctimas en el cautiverio, pero explicó que ninguna de las organizaciones de mujeres que hacen parte de “Cinco Claves” presentó informes a la Jurisdicción en el caso de secuestro y “tampoco se han acercado por las vías judiciales dispuestas para instaurar este tipo de críticas”. Pero más allá de los asuntos judiciales, todas las mujeres consultadas coincidieron en que la única forma de responder a estos interrogantes de manera más integral y que se logre una verdadera reparación de las víctimas, es que se dé apertura a un macrocaso que se dedique a estudiar la violencia sexual y reproductiva en este Tribunal de Paz. Esa petición no es nueva, incluso en varios momentos la misma JEP ha asegurado estar cerca de abrir esa nueva investigación judicial.
Pero mientras tanto, las preguntas sobre la sistematicidad y los patrones de este delito en la guerra seguirán siendo quedando abiertos.
